Más de 43.000 letrados de oficio se suman al paro en la Justicia por la gestión de Llop

Más de 44.000 letrados de oficio de toda España están llamados a concentrarse en defensa de la dignidad de este colectivo que presta servicio no sólo a las personas que no disponen de recursos y que pueden beneficiarse de la justicia gratuita, sino también a quienes, teniendo medios, recurren a ellos al menos para una primera asistencia en comisaría. Un total de 14 organizaciones de toda España, entre las que se encuentra el propio Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), han impulsado la concentración de este jueves a las puertas del Congreso de los Diputados.

Sus reivindicaciones, doce en total, se centran en la actualización de los baremos de una ley que data de 1996, pero también que se abonen todas las gestiones que el abogado realiza en el marco de los procedimientos judiciales respectivos, aun cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita del justiciable o se deniegue después por resolución administrativa expresa o por silencio administrativo.

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Quieren también que se modifique la Ley de Asistencia de Justicia Gratuita para que se reconozca este derecho a las personas jurídicas (en consonancia con la reforma que hace trece años declaró su responsabilidad penal) y que se obligue a todas las administraciones territoriales a adoptar las medidas necesarias para «combatir la infra financiación del turno de oficio».

En este sentido, las asociaciones denuncian que en algunas comunidades, como Andalucía o La Rioja y en las que dependen directamente del Ministerio -Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla-, es donde se encuentran los profesionales peor pagados del país y, en la mayoría de los casos, «tampoco cobran sus honorarios con regularidad». Otra de sus exigencias es que se actualicen partidas presupuestarias propias destinadas a financiar la Asistencia Jurídica Gratuita, teniendo en cuenta todas las especialidades de los turnos para garantizar un calendario mensual del pago de honorarios.

En declaraciones ABC, el responsable del Turno de Oficio del ICAM, Juan Manuel Mayllo, señala que «la dignidad va más allá de un reconocimiento económico. Queremos el reconocimiento a nuestra profesión y al servicio público que prestamos». Esta concentración es, a su juicio, «un momento histórico porque se ha unido toda la abogacía de oficio del país para reclamar dignidad y dejar de ser ninguneados y explotados por las administraciones».

Y en el centro de la polémica, Pilar Llop, ministra en un momento en el que la Justicia, con huelgas concatenadas -y está por ver si superpuestas-, está sumida en «la época más oscura de la democracia», en palabras del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón.

En su rendición de cuentas tras sus primeros 100 días de gestión, el decano confesó que, pese a las «elevadas» expectativas» que tenía depositadas en la ministra, hoy se siente defraudado. «A la luz de la realidad que estamos viviendo, con una huelga de los LAJ, con una huelga de los funcionarios, con un anuncio de movilizaciones también por parte de la magistratura y con el desencanto absoluto de la abogacía de oficio, no puedo tener una valoración positiva», dijo.

A su juicio, no hay que menospreciar la huelga de los LAJ (y el consiguiente aumento salarial) como desencadenante en el conflicto que a continuación han planteado otros colectivos, pero la verdadera causa es «el abandono progresivo de la Administración de Justicia por este gobierno y otros». La Justicia nunca ha sido prioritaria, señala, y eso ha ido deteriorando las relaciones entre unos y otros. «No se puede seguir con este maltrato judicial, con la esclavitud de la abogacía». En su opinión, si Llop no logra una interlocución inmediata con los colectivos en huelga, «se necesitará otro tipo de interlocutor» y «si no son capaces de alcanzar un pacto de Estado con todos los grupos parlamentarios, lo que esto revelará es la falta de una altura de miras tanto de la ministra como del resto de responsables políticos».